El anuncio de la reapertura de un centro penal de máxima seguridad en la isla de Coiba, en las costas de Veraguas, sorprendió a propios y extraños.

El miércoles, en un foro organizado por el Colegio de Abogados, el director del Sistema Penitenciario, Diomedes Kaa, dijo que entre sus planes para mejorar la situación carcelaria está rehabilitar una cárcel en Coiba.

La isla funcionó como un penal hasta 2004.

La directora ejecutiva de la Fundación MarViva, Gabriela Etchelecu, dijo desconocer lo dicho por Kaa.

“Nosotros no tenemos ninguna información oficial de que se vaya a reabrir un penal en Coiba”, declaró.

Etchelecu no es la única. Ayer fue la reunión mensual del Consejo Directivo del Parque Nacional Coiba, y nadie estaba al tanto de los planes de Kaa. Los asistentes a la reunión se enteraron de esto cuando La Prensa contactó telefónicamente a alguno de ellos para conocer sus posiciones.

Según Etchelecu, sobre Coiba pesan muchos intereses. Este mismo gobierno pretende instalar ahí una base aeronaval.

“Nos sorprende mucho que esto sea algo que se esté planeando”, aseguró la representante de MarViva.

Para Raisa Banfield, directora ejecutiva del Centro de Incidencia Ambiental (Ciam), la propuesta de Kaa implica un desprecio a los recursos naturales.

“La reinstalación de la cárcel en Coiba no solo es sinónimo de retroceso, sino de la poca o nula valoración de nuestros recursos naturales, su valor económico en el desarrollo y el desconocimiento e irrespeto total de las convenciones internacionales de las que somos signatarios”, expresó Banfield.

En esos mismos términos se expresó el sociólogo Raúl Leis.

“Esta decisión es ir para atrás. Coiba es un espacio ambiental de primera línea. Se estaría perdiendo el sentido en sacrificar todo ese espacio ambiental de biodiversidad, atrayendo otra vez la actividad humana”, advirtió.

También hay quien se opone a este proyecto, pero por razones ajenas a las ambientales.

El presidente de la Fundación de Apoyo al Detenido, Javier Justiniani, quien también fue testigo de las declaraciones de Kaa en el foro, dijo que una isla penal violaría los derechos humanos de los internos y las leyes y acuerdos internacionales en esta materia. Entre otras cosas, enumeró que a los reos se les privaría de oportunidades para rehabilitarse, de visitas conyugales y de participar en actividades educativas.

“Esta es otra improvisación del gobierno de Martinelli. Esto no va a resolver en nada el problema de las evasiones”, opinó Justiniani.

Según sus cálculos, rehabilitar el penal requiere una inversión de, por lo menos, 100 millones de dólares. A su parecer, con ese dinero se podrían resolver los problemas de los centros penitenciarios ya existentes.

Por su parte, el administrador de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), Javier Arias, admitió que no ha sido informado de esto, pero pronosticó que no será fácil volver a convertir Coiba en un penal, ya que ahora la isla cuenta con un plan de manejo para su conservación patrimonial.

“Esto entraría en contraposición... Hablar de esta manera sería adelantarse, debido a la condición de la isla”, advirtió Arias.

Explicó que hasta ahora, la Anam ha solicitado a Kaa que permita el traslado de unos 20 reos a la isla para que cuiden de las aproximadamente 3 mil reses salvajes que pululan en la ínsula y que nadie ha querido adquirir.