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La orden fue dada por el propio presidente, Ricardo Martinelli, y ya se empezó a ejecutar: desalojar a moradores de Santa Catalina, Bahía Honda y Pixvae en el golfo de Montijo, distrito de Soná, provincia de Veraguas.
La Resolución No. 5 del 22 de febrero de 2010, expedida por la Gobernación de Veraguas, establece textualmente lo siguiente: “A solicitud del excelentísimo señor presidente de la República, Ricardo Martinelli... (...) se ordena el lanzamiento inmediato...”.
La resolución no hace referencia a la cantidad de familias que deberán abandonar el área, pero moradores informaron que, hasta la fecha, 25 familias han sido desalojadas.
Aunque en la resolución se hace referencia a “predios invadidos” y a “perjuicios a personas naturales y jurídicas que han realizado inversiones en estas áreas”, las familias desalojadas alegan tener más de 50 años de vivir en el lugar.
Los esposos Leonardo y María de Espinoza, por ejemplo, han vivido siempre en la zona conocida como Mamey. Ella tiene 65 años y él 70. El pasado 23 de febrero, un día después que el gobernador de Veraguas, José Noriel Acosta, firmara la citada resolución, les derrumbaron su casa.
“Llegaron con motosierra y serraron los pilotes de la casa (...) es una injusticia social lo que han hecho con nosotros”, narró ayer María de Espinoza en una conversación telefónica desde Bahía Honda.
Enrique Bedoya se encontraba con su familia (esposa, hijos y nieto, en total ocho personas), cuando las autoridades provinciales llegaron a su casa, el pasado 23 de febrero, para hacer efectivo el desalojo.
Bedoya explica que tiene 58 años de vivir en una finca de 16 hectáreas –seis de ellas frente al mar– que recibió en herencia de su padre. “Quieren quitarme la propiedad”, dijo.
La resolución de la Gobernación de Veraguas establece que el “lanzamiento inmediato” es para “todas aquellas personas que no estén en capacidad de ostentar o exhibir títulos explicativos de su ocupación”.
Para la portavoz del gobierno, Judy Meana, “el desalojo se dio porque se invadieron terrenos de propiedad privada, donde un empresario va a invertir 50 millones de dólares”.
La portavoz del gobierno no pudo precisar si el inversionista es propietario de todo el litoral del golfo de Montijo, en vista de que las familias desalojadas están ubicadas a la largo de la zona costera (ver mapa).
Meana agregó que en esa zona del país, se han otorgado 740 títulos de propiedad “a familias humildes”.
“Reconocemos que hay que asegurar la plena garantía de los derechos de la propiedad de tierra, tenemos que hacer respetar la propiedad privada y en este caso se trató de invasiones y ocupación ilegal de terrenos”, recalcó.
Para el Centro de Incidencia Ambiental (Ciam), el desalojo es “ilegal” porque el gobernador no puede, en primera instancia, ordenar este tipo de medida. “Dejaron a la familias sin derecho a apelación”, dijo Luis Mencomo, abogado del Ciam.
El abogado añadió que las potestades constitucionales del Presidente no incluyen la de ordenar desalojos.
Las familias presentaron una querella penal en contra del gobernador por abuso de autoridad y extralimitación de funciones.
