Un grupo de campesinos del Comité Ambiental de la Sub Cuenca del Río Bulabá presentó ante la Defensoría del Pueblo y la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) en Veraguas una denuncia en contra de un proceso de adjudicación irregular de tierras ubicadas dentro de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Santa Fe y que se pretenden explotar por inversionistas extranjeros.

La queja surge a raíz de un proceso de adjudicación de una superficie de 44 hectáreas de terrenos colindantes con el área protegida del parque nacional y en donde, según consta en un informe de la Defensoría del Pueblo, la Dirección de Reforma agraria obvió procedimientos de consulta con la Anam para concretar el proceso de legalización de estas tierras.

Luz De Gracia, jefa de la oficina regional de la Defensoría del Pueblo en Veraguas, informó que los miembros del comité ambientalista presentaron la denuncia sustentada en que dentro de la zona de amortiguamiento del parque hay fuentes de agua, bosques primarios y secundarios que tienen que conservarse para el sostenimiento del ecosistema.

La funcionaria explicó que el principal temor radica en que dentro del área que se pretende adjudicar se encuentran los nacimientos de los ríos Gallito y La Culata, los cuales son las únicas fuentes de abastecimiento del vital líquido de unas cinco comunidades del corregimiento de El Alto de Santa Fe y cuyos habitantes temen perder ese recurso natural.

De Gracia señaló que tras la denuncia la Defensoría del Pueblo elaboró un informe de la situación, en el cual incluso consta el hecho de que la Dirección de Reforma Agraria no realizó un proceso de consulta con la Anam, antes de iniciar el trámite legal de adjudicación de estas tierras ubicadas en la zona de amortiguamiento del parque, el cual no se puede completar sin tener en cuenta el impacto que esto podría generar en la zona.

Mientras tanto, Verónica Vernaza, asesora legal de Anam en Veraguas, confirmó que a este despacho también llegó la denuncia sobre la adjudicación de estas tierras y ordenó una inspección por delitos ecológicos.

Por su parte, Roberto Castillo, nuevo director nacional de Reforma Agraria, inició una investigación y señaló que el Municipio de Santa Fe debió ser la primera instancia que tenía que advertir sobre una adjudicación de tierras en los alrededores de esta área protegida.