
La Prensa
Las imágenes en la parte superior de esta página no son de la superficie del árido planeta Marte o de una zona desértica de la Tierra por su casi nula vegetación o desaparecida vida animal.
Estas son las primeras huellas y consecuencias que ha dejado la actividad minera en Panamá tras el desarrollo y abandono en 1999 de lo que fue la mina Santa Rosa, en el distrito de Cañazas, en Veraguas, donde se utilizó por primera vez el sistema de “minería a cielo abierto” en el país para la extracción de metales.
Ahora esta actividad amenaza con expandirse a otros lugares del país en busca de oro, cobre y plata, los metales más cotizados.
Para los ambientalistas, Panamá no posee tierras aptas para el desarrollo de la minería porque su riqueza está en la conservación de la naturaleza que posee, un activo de mucho más valor que todo el metal que se pueda extraer de sus suelos.
Esto contrasta con los análisis y cálculos de las compañías nacionales e internacionales que están interesadas en hacer nuevas incursiones mineras en el país.
Petaquilla no es el único lugar donde se ha iniciado o está en desarrollo un proyecto de extracción de minerales metálicos: existen otros proyectos en trámite o fase inicial en provincias centrales (Veraguas, Coclé, Los Santos), de acuerdo con información del Ministerio de Comercio e Industrias.
Aunque algunos de estos proyectos parecen haber quedado solo en papel, otros sí están encendiendo sus maquinarias para aprovechar los precios internacionales, que en el caso del oro se ha mantenido arriba de los 700 dólares a pesar de la crisis financiera.
En el caso de Petaquilla Gold, ni siquiera se esperó a la aprobación del estudio de impacto ambiental para devastar el área de extracción y construir la planta de refinación.
Detrás de ello, va la empresa canadiense Bellhaven, con su filial local Aurum Exploration, que tiene previsto activar para finales de este año su proyecto minero llamado Cerro Quema en la provincia de Los Santos.
También otros grupos empresariales se han interesado en reactivar la mina Santa Rosa en Cañazas, donde aún se encuentra al descubierto el material bañado con cianuro y las tinas de lixiviación contaminadas.
Los ambientalistas sostienen que los dividendos de la minería en este país son irrisorios desde el punto de vista económico y una gran pérdida desde el punto de vista medio ambiental. La legislación panameña que rige esta actividad establece que el Estado solo recibirá el 2% del total de la producción de los metales extraídos.
Bellhaven, empresa que busca explotar el proyecto minero Cerro Quema, sostiene que a las ganancias para el Estado también hay que sumarle el 15% del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que genere la compañía, y el pago del ITBMS por los bienes y servicios adquiridos, la generación de empleo y el pago de la cuota obrero patronal.
Los cánones de arrendamiento de tierras también son montos cuestionables que van entre 50 centésimos hasta 3.50 dólares por hectáreas. Aunque las empresas aseguran que esto incluye el pago desde la etapa de exploración donde no tienen ingreso económico y tampoco seguridad de que se realizará el proyecto. La Prensa realizó un recorrido por los proyectos de cerro Quema y Cañazas para conocer su situación, avances y los distintos puntos de vistas.
En la actualidad existen 8 contratos de extracción de minerales metálicos vigentes (ver cuadro), y según el Ministerio de Comercio e Industrias hay en trámite 176 solicitudes adicionales.

DAÑOS EN SANTA ROSA
También la mina Santa Rosa, abandonada en 1999 por la empresa GreenStone, ha vuelto a captar el interés de otros inversionistas.
Pero a casi nueve años de inactividad, los daños causados en el lugar aún son visibles. Cientos de toneladas de roca que fue bañada en cianuro para la extracción de oro no han podido ser tratadas. Los tres cráteres que quedaron por la extracción se han llenado de agua lluvia y son solo el recuerdo de que la minería tuvo un paso arrasador por allí.
También están las lagunas de cianuro que han tomado un color verde, por la mezcla de cal y el químico tóxico. Aunque existen reportes de que la mina causó en la población problemas de salud como náuseas, complicaciones respiratorias y picazón, los ex trabajadores y las autoridades defienden su reapertura.
Abel Alvarado, representante de Cañazas, dijo que en el último cabildo la mayoría de los pobladores aprobó la reapertura. “Para Cañazas este es un mal necesario, debemos explotar lo que Dios nos dejó”, dijo Alvarado, recalcando que nadie murió por la contaminación.
Manuel Barría, ex trabajador e integrante del grupo de 62 personas que tiene embargado las propiedades de la mina Santa Rosa, aceptó que cuando se abandonó, se dio un proceso de cierre mal dirigido que permitió el desbordamiento de los minerales contaminados. Pero dijo que ese peligro desapareció, “y la vida animal y vegetal está regresando al área”.
A la Anam no ha llegado la solicitud para la reapertura de esta mina, pero en el pueblo de Cañazas ya se han empezado a dar consultas.